QUEDATE EN CASA, NO HAGAS COMO MANZUR


 

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado penalmente por organizar un asado con funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia violando "peligrosamente" el distanciamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional, como medida fundamental para frenar el impacto de la pandemia del coronavirus.

La presentación judicial fue efectuada por Alejandra Martínez Romero, integrante de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y el abogado Gustavo Morales.

La denuncia también alcanza al vocal de la Corte Suprema , Daniel Leiva; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla. También están acusados  la diputada nacional del Frente de Todos, Gladys del Valle Medina; el vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse; los intendentes justicialistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes).

Los tucumanos están indignados dado que horas antes del asado el fiscal Carlos Picone había estado en un programa de tv informando sobre la cantidad de detenidos y la inexistencia de privilegios en la cuarentena. Picone insistía en que iba a ser inflexible con aquellos que violaran la cuarentena por el riesgo al que exponen a los demás ciudadanos y al sistema de salud provincial.

Le aporta gravedad la participación en el asado de Rossana Chahla, la Ministra de Salud, que desde el inicio de la pandemia, además de recomendar que los Tucumanos se queden en casa, protagonizó una serie de enfrentamientos con los medicos de su provincia que denuncian la falta de insumos de bioseguridad y la ausencia de testeos.

El gobernador Manzur y los demás funcionarios violaron claramente lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un hecho de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal.