ARGENTINA: UN PARAÍSO PARA LA CORRUPCIÓN


 

El último informe de la OEA detalla numerosos problemas del sistema judicial que permiten concluir que la Argentina es un paraíso para la corrupción. El documento, titulado “Un país en estado de sospecha”, que llevó cuatro meses de investigación detalla los graves problemas que tiene el país respecto a la materia.

Argentina tiene serios problemas a la hora de implementar las normas anticorrupción. Si bien el país tiene un sistema normativo muy aceptable a la hora de combatir y reprimir la corrupción, es falible dado que el gobierno activa todos los mecanismos a su alcance para que los controles y las sanciones no se puedan llevar a cabo. “En realidad parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias”, advierte el documento.

Uno de los primeros inconvenientes con los que se toparon los redactores del informe fue la obstrucción del acceso a la información pública por parte de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Estas dependencias no respondieron las peticiones para entrevistar o suministrar información, en contradicción con expresas disposiciones legales, entre ellas las de la Convención Interamericana contra la Corrupción o la ley de Acceso a la Información Pública.

Otro de los problemas al momento de realizar el informe fue la falta de estadísticas y de indicadores. En la mayoría de los casos no existen los datos o fueron alterados.

Del relevamiento surge que en 12 años, en los que las denuncias de corrupción fueron acompañados de documentación y testimonios claramente incriminatorios, prácticamente no hubo sentencias condenatorias firmes. A esto se suma la duración de los procesos que es extremadamente larga. La dilatación de los procesos es una de las tantas formas que tienen de ejercer la impunidad los países que encabezan los rankings de corrupción. Esto genera que las causas terminen prescriptas, con testigos fallecidos o documentos probatorios deteriorados. 

El informe hace hincapié en las 9423 causas por enriquecimiento ilícito iniciadas en el año 2009. En ese expediente la Unidad de Información Financiera solicitó ser tenida como parte querellante, pero recién el 8 de febrero de 2019, es decir 10 años después de haber comenzado la investigación, se resolvió si la UIF podía ser parte en el proceso.

Otra muestra citada en el informe es la causa en la que se investigaron los hechos vinculados a la construcción de la represa Yacyretá, que tuvieron lugar entre 1990 y 1999. Ese expediente se inició en 1998 y recién se dictó sentencia en 2021. Por el tiempo transcurrido las pruebas se degradaron y erosionaron de tal forma que los jueces no las pudieron utilizar, la mayoría de los testigos fallecieron, y otros dijeron no recordar los hechos. El resultado de la causa, 23 años después de haber comenzado terminó en la impunidad de todos los acusados.

La Oficina Anticorrupción de la OEA ya había denunciado en su cuarto informe la manipulación de las causas en la Argentina entre 2010 y 2012: sobre 63 casos, 62 se cerraron por prescripción y en la restante todos fueron declarados inocentes.

En el documento además se señala que las demoras en las causas de corrupción son funcionales a la impunidad porque los acusados son sobreseídos por prescripción, o se les aplica la garantía del plazo razonable aun cuando no hubo prescripto la acción penal.

El informe detalla que el promedio de duración de los expedientes fue de 137 meses, es decir, más de 11 años, que sólo 15 llegaron a la etapa de juicio y que de esos 15, 9, no tuvieron ninguna resolución, y por las causas restantes sólo se realizó un juicio abreviado.

Otros obstáculos en la Argentina para que se pueda llegar a las condenas es la falta de elementos tecnológicos, humanos e infraestructura, cuestión que más allá d eno tener solución se va agravando dado que el gobierno no destina fondos. De la misma manera impactan “el dictado de normas que excluyen la aplicación de medidas preventivas anticorrupción y a eso se le suman las modificaciones del sistema judicial que impulsan la vicepresidenta y sus colaboradores, todas apuntan a cerrar las causas que involucran a la mandataria, y ninguna de ellas está orientada a mejorar el sistema judicial argentino”, concluye el informe.

 

 

 

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