LA CORRUPCIÓN COMO GARANTÍA DEL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN


 

El agua es un bien escaso en Mendoza, advierten las decenas de miles de personas que se manifiestan en contra del uso de cianuro en la minería. Sequías sucesivas en la última década han reducido aún más la disponibilidad hídrica en esta región del oeste del país, conocida por sus vinos y por albergar los picos más altos de la cordillera de los Andes.

Mendoza vetó en 2007 el uso de sustancias químicas en la minería con el objetivo de cuidar sus recursos hídricos, pero los legisladores, traicionando el mandato otorgado por sus representados y velando por los intereses de las multinacionales contaminantes y saqueadoras, revocaron horas atrás esa prohibición.

En medio de la crisis económica del país, generada por los corruptos que estuvieron al frente del ejecutivo las últimas dos décadas, la provincia de Mendoza pretende atraer inversiones mineras millonarias, una decisión que fue aplaudida por las empresas del sector, pero que ha chocado con organizaciones ecologistas, autoridades eclesiásticas y todo un pueblo que se viene movilizando frente a la Casa de Gobierno provincial y manifestando el descontento a través de cortes de rutas.

"La modificación a la ley 7.722 permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación de toda el agua de la provincia", denuncia Greenpeace. La organización considera que el cambio legislativo "representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente".

Los reclamos pretenden que el gobernador provincial, Rodolfo Suárez, vete la modificación. Pero el Gobierno mantiene por ahora su apoyo a la nueva normativa por considerar que garantiza "el cuidado del agua y del medio ambiente".

"La ley 7.722 no se toca", "El cianuro no resuelve el hambre", "El agua vale más que el oro", se lee en las pancartas de algunos manifestantes en respuesta a los beneficios económicos citados desde el Gobierno. Los opositores al uso de químicos en la minería desconfían de los controles estatales y judiciales y ponen como ejemplo desastres ecológicos ocurridos en otras provincias andinas, como San Juan, Catamarca y La Rioja, provincias gobernadas por lobistas de las mineras.

El mayor accidente minero de la historia de Argentina ocurrió en septiembre de 2015, cuando un millón de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados se fugaron de la mina Veladero de San Juan y llegaron al río Potrerillos, contaminando este y otros cursos de agua. En 2016 hubo un nuevo derrame, aunque de volumen muy inferior, y en 2017, otro. La minera canadiense Barrick Gold, dueña de Veladero en ese momento, fue denunciada ante la Justicia, pero tras cierres temporales, las autoridades, vulnerables a las coimas, volvieron a habilitar su funcionamiento.

"El desarrollo no puede ser excusa para contaminar nuestro recurso más preciado. La reforma no hace más que desperdiciar nuestros recursos hídricos en una actividad que no sólo demanda grandes subsidios estatales, sino que produce un enorme pasivo ambiental, a la vez que destruye pueblos enteros, y a los habitantes que allí residen", expresaron vecinos y organizaciones ambientalistas.

Las protestas en Mendoza han encendido las alarmas también en Chubut, y en el resto de la Patagonia argentina. Chubut fue pionera en prohibir la minería a cielo abierto en 2003, pero el gobierno provincial ya ha anticipado que buscará levantarla para poder avanzar con la explotación de oro y plata.

 

 

 

 

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