ALBERTINA MARTÍNEZ BURGOS (1981-2019)


 

El Ministerio Público de Chile abrió una investigación formal por la muerte de Albertina Martínez Burgos, la fotoperiodista, de 38 años, cuyo cuerpo fue hallado, en su departamento en el centro de Santiago, con signos de haber recibido golpes y puñaladas.

Martínez Burgos participaba activamente registrando la represión y los abusos de los Carabineros hacia mujeres comunicadoras en el marco de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera

Sus familiares y amigos expresaron a través de las redes sociales: “Somos compañeros y amigas de Albertina. Queremos aclarar que oficialmente no existe información respecto al fallecimiento. En el contexto del estallido social sabemos que ella estuvo presente en la marcha del jueves 14 de noviembre por primera vez…  Pedimos respeto con su familia, sus amigos y colegas. Esperando justicia por nuestra amiga... Un abrazo fraterno”. 

La fiscal Débora Quintana, de la Fiscalía Centro Norte, dijo que “hay que esperar la autopsia, pero claramente estamos investigando un homicidio”.

El movimiento feminista “Ni una menos” de Chile lamentó la noticia en sus redes sociales y denunció: “Exigimos que se esclarezcan las causas de su muerte, sin dejar de mencionar que ni su computador ni cámara estaban en su departamento al momento de ser encontrada sin vida. No olvidemos su nombre, no olvidemos su rostro”. 

Por su parte, el equipo de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), enviado a Chile para analizar la situación vinculada a las protestas y a la represión policial, concluyó su visita oficial en el país y se espera que publique los resultados de su investigación la semana próxima.

El trabajo del equipo estuvo enfocado en las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; los reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual; las alegaciones de vulneraciones a derechos durante la privación de libertad; la información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos y, también, sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas.

 

 

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